Extradición de tránsito: Se produce cuando un Estado permite el paso por su territorio, de una persona extraditada por un segundo Estado a un tercero.
Este acuerdo establece las bases legales y los procedimientos específicos para solicitar la entrega de un individuo acusado de un delito que debe ser llevado ante la justicia en otro país.
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El Tribunal resuelve por auto a los tres días siguientes a la vista, tanto sobre la procedencia de la extradición, como sobre si procede la entrega al Estado requirente de los objetos ocupados al reclamado.
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Extradición pasiva: es otro país el que solicita a España que le entregue a una persona para enjuiciarla, o para que cumpla la condena que tiene pendiente, en base a un delito cometido en el territorio de ese Estado solicitante.
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La Audiencia Nacional es el órgano judicial encargado de tramitar y resolver los casos de extradición en España. Su competencia abarca tanto las extradiciones activas como las pasivas, garantizando un proceso lawful y justo en cada caso.
Esto significa que el país requirente no puede juzgar o procesar a la persona por delitos distintos a aquellos por los cuales se solicitó su extradición, a menos que exista un consentimiento expreso del país requerido.
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Evitar la extradición es posible. El sistema instaurado en la Ley de Extradición Pasiva es el mixto, tal y como se especifica en el BOE. Es decir, la extradición se solicita al Ministerio de Justicia, que la eleva al Gobierno de la nación para que decida si prosigue o no el procedimiento por la vía judicial.